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Ver a Galicia al rebufo de la
crisis del Sistema que ha elevado en España los niveles de paro a cifras
obscenas es la demostración más palmaria de que una mala Administración y una
gestión errónea de los recursos puede llevar a la ruina a poblaciones
instaladas en territorios ricos.
Galicia unía el capital humano y
los recursos naturales para venir experimentando en las últimas décadas un
incremento importante de su producto interior bruto, hasta incluso ocupar, a
pesar de su clase política, una posición de privilegio en Europa con relación a
diversos sectores productivos: explotación maderera, pesca, conservas, sector
lácteo, generación de energía eólica, producción de carne de vacuno, marisqueo
de a pie y a flote... además de incrementar exponencialmente la penetración de
vinos de calidad, castañas, caracoles, miel y otros productos agropecuarios de
altísima calidad.
La producción de pasta de papel y de aluminio o la generación
de energía eléctrica mediante la combustión del carbón son otras industrias con
grandes aportes de dividendos para empresas con sedes y centros administrativos
radicados fuera de Galicia y que supone así un retorno muy escaso de la riqueza
hacia la Comunidad a pesar de ocasionar un coste medioambiental brutal. Los
fantasmas de un maltrato milenario del Gobierno central a los intereses de
Galicia se han sustanciado con el episodio esperpéntico vivido en torno a las
Centrales térmicas de As Pontes y Meirama, a las que se les obligó a realizar
inversiones multimillonarias para adaptarse a la quema de carbón menos
contaminante, importado de Polonia, para a la postre condenarlas al cierre o a
la conversión en plantas de ciclo combinado al privilegiar el Parlamento la
utilización de carbón de las cuencas mineras españolas.
Enumerada una parte importante de
los nichos en los que Galicia ofrece un banco de empleos diferenciados dentro
del Estado, ¿cuáles son los factores que nos han llevado a disparar el número
de desempleados desde una mediana de 165.000 hasta los 270.000?. En primer
lugar se han perdido durante los últimos 30 años y de manera constante hasta
25.000 puestos de trabajo en las explotaciones marisqueras de las Rías.
Los
ayuntamientos ribereños se gastaron el dinero que Bruselas había enviado para
la instalación de depuradoras de las aguas fecales en la construcción de paseos
marítimos hasta el punto de que Vigo, Coruña, Ferrol o Pontevedra competían en
adoquinar todo el borde litoral mientras han seguido vertiendo sin tratar las deposiciones
de una presión demográfica creciente, provocando que fangos altamente tóxicos
redujeran la extensión cultivable en las rías hasta en un noventa por ciento. En
Pontevedra y en A Coruña a esa presencia de colibacilos en las aguas hay que
sumar la de metales pesados sangrados durante décadas por empresas objeto de
controles muy laxos. Los mismos grandes hospitales públicos han vertido
sistemáticamente a la ría restos de medicinas y de pruebas diagnósticas.
En el sector lácteo, se han
perdido veinte mil explotaciones, con un impacto directo e indirecto que ha
llevado a treinta y cinco mil familias al éxodo y a la desvertebración del
espacio rural. La clase política poco o nada ha hecho para detener este engullimiento
del sector productivo de base por parte de los intereses de multinacionales. Antes
bien el gobierno de Fraga llevó al paroxismo la colonización foránea del sector
al subvencionar Puleva con cifras millonarias por absorber el tejido productivo
autóctono. Ninguna traba impidió que la empresa andaluza revendiera la
producción gallega a la industria francesa, que a la postre ha ido provocando
con su política de abuso de posición dominante sobre los ganaderos el cierre de
miles de exportaciones gallegas hasta encontrar una vía franca para la penetración
de España de los excelentes galos.
Más de tres mil empleos se han
perdido por la deslocalización de los centros administrativos correspondientes
a las grandes empresas generadoras de energía. La industria cultural, que
arrancó con fuerza a partir de la segunda mitad de los ochenta, registra un
desmoronamiento continuo desde que la Administración ha retirado un apoyo
institucional todavía imprescindible al teatro, el cine y la edición. Los
recursos detraídos se han destinado a la construcción de un continente
mastodóntico, A cidade da Cultura, sin demanda de utilización. Su biblioteca
con capacidad para un millón de volúmenes está desiertas mientras los pequeños
centros lectores en el seno de los barrios y los pueblos no reciben una sola
dotación desde hace años.
Otros dos mil empleos han dejado
de crearse en los sectores de la acuicultura y de la energía eólica por las
trabas que la Administración ha puesto para la implantación de granjas marinas
y parques de molinos con un impacto ambiental despreciable, sobre todo teniendo
en cuentas que a cambio se dejaría de sobrepescar y de emitir quince millones
de toneladas de CO2 a la atmósfera, además de reducir la factura energética y
la dependencia externa.
La industria naval, que daba de
comer a doce mil familias en Galicia, ha quedado reducida a una pequeña línea
de trabajo en Vigo, dentro de estándares de gran calidad. Esta debacle se debe, por un lado, a
las inercias que arrastraba un sector alimentado por la adjudicación de trabajo
desde el propio Estado y, finalmente, por la negligencia de éste a la hora de
negociar en Bruselas condiciones de igualdad fiscal e impositiva con relación a
los astilleros holandeses, alemanes y polacos.
Esa misma inoperancia de la clase
dirigente en el Parlamento europeo ha provocado el endurecimiento de las
condiciones para la flota gallega en el Gran Sol, Terranova, el Índico y el Cantábrico,
donde sin embargo se le concede un rato favorecedor y desigual a la flota
francesa. La flota gallega, hasta hace poco la quinta más potente del mundo por
volumen de capturas, ha sufrido como ninguna otra una reducción drástica por su
carencia de valedores en los cenáculos políticos.
La sangría incesante de puestos
de trabajo abona el camino a las grandes compañías mineras de capital foráneo,
que a cambio de la creación de un puñado de puestos y con el foco puesto en la
obtención de 40 toneladas de oro y unos cientos más de coltan, dejarán un
rastro de contaminación por metales pesados en miles de hectareas que ya nunca
más serán productivas. La Unión Europea, mientras tanto,
continúa obviando la naturaleza intrínseca de buena parte de la sociedad
gallega y pretende estimular también la eliminación gradual de las
exportaciones cárnicas y poner freno al crecimiento exponencial de la producción
de vino. Es en este punto donde el espíritu emprendedor de los gallegos ha apostado
por una oferta singular de calidad, con la recuperación de especies autóctonas
y la conquista de denominaciones de origen que den valor añadido y
sostenibilidad a unos sectores frágiles por su atomización y por la falta de
apoyo promocional. Quizás en este punto radique el principio del fin de la
destrucción de puestos de trabajo: en la puesta en valor de las rías, el
patrimonio paisajístico, histórico, artístico, etnográfico, la gastronomía, la
producción excelente y artesanal, el capital humano emprendedor e innovador, la
sabiduría transmitido de generación en generación acerca de cómo hacer las
cosas, la vuelta a considerar la complementariedad de una economía para la autosubsistencia,
la instalación de modos de ser y de hacer que justiprecien la excelencia y
destierren la prisa, la visión a medio y largo plazo de una tierra y de un mar
de recursos generosos que hay que regenerar y administrar para que sean motor
de recuperación de esos miles de puestos de trabajo que se han perdido porque
primó la cuenta de resultados de empresas multinacionales que han dado trabajo
a 10.000 gallegos y se lo han quitado a más de 100.000 y que reparten
dividendos a un puñado de grandes fortunas que no tributan mi tributarán en
esta tierra hoy en vías de la esquilmación total si no lo remedia la
movilización colectiva.
© Fotos, Santi Casal
