Justicia y soberanía para el pueblo saharaui

Treinta y seis años después de que el gobierno de Franco abandonara a los saharauis al yugo del ejército y la inteligencia genocidas marroquíes el Juez Ruz acaba la instrucción de un sumario que señala con nombres y apellidos a los responsables últimos de torturas y asesinatos.
España entregó el Aaiún rodeado de alambradas para confinar desarmados a los saharauis. Marruecos entró a sangre y fuego, mientras desarrollaba por su parte la Marcha Verde reivindicativa. El ejército de Hassan II, al que Juan Carlos de Borbón consideraba su hermano de sangre, persiguió a los nómadas y los exterminó sistemáticamente para evitar que le pudieran dar apoyo al frente Polisario.
Hoy el gobierno español sigue incumpliendo su deber de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y ha cedido en la exigencia de la celebración de un referendum libre. El pueblo saharaui vive en buena parte confinado en campos de refugiados en Argelia, pero ha logrado no ser exterminado en su totalidad.
El problema de las relaciones hispano-marroquíes, de la debilidad del reino de España en sus negociaciones con el reino Alauita viene de lejos. A Franco las campañas en África le sirvieron, mediando inflación de la realidad e invención de condecoraciones, para ascender en la escala y tener el mayor predicamento, vía ostentación de fuerza, para asaltar el poder y desahuciar a un Gobierno que quería acabar con los privilegios clasistas. Pero, una vez en el poder, Franco construyó su guardia pretoriana con “moros” siguiendo una praxis del mismo corte que Ceacescu cuando elegía para su protección a jóvenes que dejaba huérfanos para que reconocieran en el al padre que les daba nueva vida. Pero además confluyen otras herencias históricas que abonan un miedo secular a tomar decisiones que incomoden a Marruecos: el modo en que se les expulsó de la península después de siglos en que legaron parte importante de su cultura exceptuando el norte, el desastre de Annual, el interés español hacia los ricos caladeros… Por su parte, Marruecos recela tradicionalmente de las políticas españolas acerca de las relaciones entre ambos países; en el fondo la supuesta hermandad se ha impostado.
Nada bueno se deriva de la falta de concreción y de compromiso de ambos gobiernos en la solución de esos problemas heredados que tienen que ver con la falta de democracia en origen como responsable de flujos migratorios de un lado y con las trabas para integrar de pleno derecho a los marroquíes emigrados a nuestra sociedad.
Por lo pronto, el gobierno de Rajoy tiene ahora la patata caliente en su tejado. El PP eliminó la vía de la Ley de Justicia Universal. Pero en este caso, se trata de hacer justicia con respecto a ciudadanos con nacionalidad española torturados y asesinados. Me temo que si no hay carácter para afrontar con dimensión de Estado este asunto, las relaciones seguirán ganando en desigualdad y desconfianza. La misma que impidió al gobierno marroquí aceptar la ayuda de España en el rescate de los espeleólogos.