El panorama de una clase política que
cuando accede a posiciones de poder practica la corrupción parece haber
sembrado la idea de que la sociedad es una mierda, de que el ser humano es malo
por naturaleza y de que todo el mundo tiene un precio.
Sin embargo la convivencia con las gentes
de lo común desarrollándose en sus profesiones, oficios, ocios, amores y
desafectos crea en cualquier observador imparcial la imagen cierta de que
estamos rodeados de seres humanos muy valiosos. Es encomiable la entrega de
tantos ciudadanos, la mayoría, en sus proyectos familiares y de relación con el
colectivo de que forman parte. Estamos rodeados de expresiones de solidaridad y
también de ansias por hacer las cosas bien en nuestro entorno. Padres que se
esfuerzan a diario para que sus hijos desarrollen sus potencias creativas en
actividades formativas, maestros que dedican su vida a educar en valores e
integrar a los ciudadanos que han de cimentar el Sistema, trabajadores y
emprendedores que quieren ver utilidad social en lo que hacen, médicos e
investigadores apasionados por dotar de vida a los años, estudiantes capaces de
vivir como anacoretas para salvar su vocación... Por eso resulta todavía más
obsceno cada destape de una situación de corrupción, de abuso de posición
dominante por parte de aquellos que, instalados en sus torres de cristal donde
se sienten inmunes atentan gravemente contra la viabilidad del modelo de
convivencia que se han ido dando a si mismos los honestos, los generosos en el
esfuerzo, los solidarios, constituyendo una nefasta ejemplaridad, un tumor
infecto que hay que extirpar para salvar el conjunto. Las penas para los
corruptos han de contemplar todos esos agravantes: abuso de posición, alarma
social, ausencia de necesidad material o concurrencia de pobreza extrema,
afectación grave a los intereses colectivos, ataque al principio de igualdad de
oportunidades, deterioro del papel institucional... Por eso es tiempo de exigir
una sensibilidad concreta en los programas electorales de los partidos para
promover la desaparición de la figura del aforamiento, así como el cumplimiento
de todo el axioma de que la justicia es igual para todos, eliminando el abuso
en la utilización de las fianzas, incautando el dinero distraído y adecuando las
penas a la gravedad del delito. En este sentido no es muy tranquilizador ver
como una muchacha que en su día hurtó 400 euros va a la cárcel diez años
después aun cuando no haya vuelto a delinquir y su vida esté estructurada
mientras los que han ocasionado agujeros de cientos, miles de millones de euros
en los erarios de todos mantienen recursos para seguir esquiando y acudiendo a
los prostíbulos.
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